El Código Civil argentino sostenía un modelo de familia basado en la autoridad masculina. El padre ocupaba un lugar central en las decisiones sobre lxs hijxs, mientras las mujeres quedaban subordinadas, incluso como madres.

No era una cuestión privada. Era una desigualdad sostenida por la ley.

Con la recuperación democrática, el movimiento feminista volvió a poner esa estructura en discusión. Estaba en disputa quién podía decidir, quién tenía autoridad y qué lugar ocupaban las mujeres dentro de las familias.

En 1985 se sancionó la Ley 23.264. La reforma estableció el ejercicio conjunto de la patria potestad por parte de madres y padres y equiparó los derechos de lxs hijxs nacidxs dentro y fuera del matrimonio.

Fue un avance histórico, pero también un triunfo a medias. El movimiento feminista reclamaba una patria potestad indistinta, mientras la ley estableció su ejercicio conjunto. Esa discusión ponía en juego cómo se distribuían la autoridad y el poder dentro de una familia patriarcal.

En 2015, el Código Civil y Comercial reemplazó la “patria potestad” por la “responsabilidad parental”, con un cambio de paradigma: de la autoridad sobre lxs hijxs a un sistema basado en derechos y responsabilidades.

Pero las reformas legales no alcanzan por sí solas para transformar las relaciones de poder.

Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo del INDEC, en 2021 las mujeres realizaban el 91,7% del trabajo no remunerado, frente al 73,5% de los varones.

La responsabilidad parental es compartida, pero el cuidado sigue recayendo de manera profundamente desigual en las mujeres.

Por eso, el Estado tiene un rol central: garantizar derechos y políticas públicas que reconozcan, redistribuyan y sostengan los cuidados.

A 41 años de la Ley 23.264, la conquista sigue siendo fundamental. Pero la igualdad no se agota en una reforma legal: también se construye con políticas públicas y condiciones materiales.

Porque la igualdad también se juega en quién cuida, quién decide, quién tiene tiempo y quién tiene poder.