Germán Kiczka, ex legislador provincial del Partido Activar, sector que hoy se encuentra alineado e integrado políticamente a La Libertad Avanza, fue condenado a 14 años de prisión por delitos vinculados a la explotación sexual infantil. Su hermano, Sebastián Kiczka, a 12. 


La investigación expuso la circulación, facilitación y tenencia de material con víctimas menores de 13 años, en una trama que fue detectada a partir de investigaciones internacionales.


La Justicia ahora apunta al entorno familiar, puntualmente al padre, por posible encubrimiento, y a los vínculos operativos que pudieron haber facilitado la huida, particularmente a los sectores en los que se desempeñaba Kiczka. 


La fuga previa por Corrientes no es un detalle. Cuando alguien con responsabilidades públicas intenta eludir a la Justicia, la pregunta deja de ser solo qué hizo, y pasa a ser quiénes lo dejaron hacer, quiénes miraron para otro lado y qué resortes del Estado fallaron.


Además, cuando la explotación infantil aparece vinculada a alguien que ocupó un cargo público, el problema deja de ser solo penal: es institucional.


En un país donde el discurso político de quienes gobiernan habla de orden, transparencia y “mano dura”, este caso expone otra cosa. No alcanza con endurecer penas si las estructuras que deberían prevenir, detectar y sancionar llegan tarde o funcionan de manera selectiva.

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Germán Kiczka, ex legislador provincial del Partido Activar, sector que hoy se encuentra alineado e integrado políticamente a La Libertad Avanza, fue condenado a 14 años de prisión por delitos vinculados a la explotación sexual infantil. Su hermano, Sebastián Kiczka, a 12. 


La investigación expuso la circulación, facilitación y tenencia de material con víctimas menores de 13 años, en una trama que fue detectada a partir de investigaciones internacionales.


Germán y Sebastián Kiczka condenados por delitos vinculados a la explotación sexual 

**Desaparecidxs en democracia: ¿Dónde están? ¿Quién lxs está buscando?**

El 3 de abril de 2002, en San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, **María de los Ángeles Verón** de 23 años, salió de su casa para dirigirse al hospital a una consulta médica. Vivía junto a su pareja y su hija de 2 años, estaba estudiando. Nunca llegó a destino. Desde ese día su mamá, Susana Trimarco, la busca incansablemente. El caso de Marita se convirtió en el emblema de la Trata de Personas con fines de explotación sexual en Argentina; y la lucha de Susana permitió, entre otras cosas, conquistar la primera ley de Prevención y Sanción de Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas (N° 26.364, mod. N° 26.842) en el año 2008. 
 
El 28 de septiembre de 2008, en un camping a 60 km de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, desaparecía **Sofía Herrera** de 3 años, la niña se encontraba con su familia para pasar un día de juegos y asado. A las 12 del mediodía, el papá y la mamá de Sofía, llamaron a la policía desde la garita del cuidador del camping para alertar de la situación. La policía apareció en el lugar a las 14 horas. La mamá de Sofía pide: **“Por favor, que la justicia no la olvide”.**

A partir de este caso, en el año 2019 se creó el **Programa Alerta Sofía** que consiste en un sistema de comunicación de emergencia para el reporte de desapariciones de menores de edad en situaciones que presenten un alto riesgo sobre su integridad física y/o biopsicosocial. 
 
El 8 de julio de 2011 en la provincia de Salta, fue vista por última vez **María Cash**, de 29 años. María viajó de mochilera al norte Argentino. Era oriunda de Buenos Aires, diseñadora de indumentaria y su idea era viajar para vender la ropa que diseñaba. En el último lugar que se la vió la habría levantado un camionero, Héctor Romero. Trece años después, éste fue detenido como sospechoso, ya que su testimonio se contradecía con los datos que fue proporcionando a lo largo de la investigación. 
 
El 11 de marzo de 2021, **Tehuel de La Torre** de 22 años, un joven trans, salió de su casa en San Vicente, Gran Buenos Aires, donde vivía con su pareja. Se dirigía a Alejandro Korn a encontrarse con su ex jefe, Luis Alberto Ramos, quien le había prometido un trabajo para salir de la informalidad. Tehuel necesitaba el trabajo para poder continuar con la crianza del bebé de su pareja. Nunca más regresó ni se supo nada de él.

El 30 de agosto de 2024, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de La Plata sentenció a Ramos a cadena perpetua por el asesinato de Tehuel, en un fallo que considera el crimen como agravado por odio hacia la identidad de género de la víctima. El tribunal también ha probado que Ramos es coautor tanto del homicidio como de la desaparición del cuerpo de Tehuel. 
 
El 13 de julio de 2024 en la ciudad de Neuquén, **Luciana Muñoz** de 20 años, salió de la casa de su abuela, a quién le comentó que saldría para encontrarse con un chico, pero no volvió. La investigación gira alrededor de varias hipótesis, el único detenido con prisión preventiva es su ex pareja por falso testimonio. Se cumplen seis meses del momento en que  se la vió por última vez y aún no aparece.
 
Un día cualquiera
En cualquier momento
Una mujer desaparece, sin más, de la faz de la tierra
Deja de estar presente

**El tiempo es un factor determinante para la búsqueda de personas desaparecidas**, más aún, de personas menores de edad. Las primeras horas son claves, marcan la diferencia entre encontrarlas con vida o buscarlas durante tantos años.

Cada historia, cada relato, sostiene una vida particular, con circunstancias, recorridos, edades, sueños, familiares y amistades. Son las historias de esas mujeres y disidencias que un día no volvieron y se transformaron en un caso judicial las que debemos hacer visibles.
 
 **Los años pasan y las desapariciones continúan, se repiten como un patrón, como si el progreso para buscar o ubicar a una persona no existiera.**

El Estado no busca a esas personas. Ni el Organismo especializado: el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) dependiente del Ministerio de Seguridad, creado en el año 2016 para coordinar las búsquedas y llevar un registro nacional de desapariciones y hallazgos, trabaja con precisiones. Y llegamos al peor diagnóstico:  **la forma de investigar, de buscar a una persona en el país es ineficiente.** Pero si la persona desaparecida es una mujer o integra el colectivo LGTBIQ+ la inoperancia profundiza un problema mayor: el retardo en evaluar la posibilidad de secuestro, engaño para la explotación sexual,  el femicidio o transfemicidio. Esto se debe, a la falta de perspectiva de género en las investigaciones y la preexistencia de estereotipos en quienes realizan y articulan las búsquedas.
 
No toda ausencia de una mujer tiene que estar relacionada con el delito de trata. Pero lo que expresan especialistas y organismos relacionados con esta temática, es que las desapariciones están relacionadas a problemas multicausales.
 
**¿Cómo puede ser qué con tanta tecnología a favor, celulares, dispositivos de geolocalización, tarjetas SUBE, cámaras de seguridad en espacios públicos y privados, sea imposible rastrearlas?**

Las organizaciones Colectivo de Intervención ante las Violencias (CIAV) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) señalan que la ausencia de triangulación de información entre los organismos del Estado, sumada a la falta de especificidad en la materia, dificulta el diálogo y conduce a que las investigaciones se pierdan o se desvanezcan. Esta carencia de colaboración implica que los recursos disponibles no sean siempre los mismos. Cuando un caso adquiere visibilidad mediática, las fuerzas se articulan; pero si el caso no genera resonancia, las familias y amistades enfrentan la situación en soledad, luchando contra un sistema que no responde.

Si el resultado favorable de una búsqueda depende del tiempo y los recursos que pueda tener una familia o el acercamiento a los medios de comunicación, coloca en una situación de desigualdad a las familias que no cuentan con esas posibilidades. La investigación siempre debe evaluar la hipótesis del femicidio, justamente porque los cuerpos de las víctimas no suelen aparecer o son escondidos, quemados o enterrados por sus agresores.
 
**El gobierno de Javier Milei tiene que tomar conciencia de la necesidad de implementar políticas públicas para las mujeres, niñas, adolescentes y el colectivo LGTBIQ+, tanto para prevenir la trata, los femicidios y crímenes de odio,** como también para facilitar las actuaciones de la Justicia y el Ministerio de Seguridad en los casos de desapariciones que se encuentran en contexto de violencia y condiciones de vulnerabilidad. 

En Argentina tenemos protocolos de actuación a nivel Nacional, pero debido a que nuestro país es federal, no todas las provincias/municipios actúan de igual manera. Ajustar estos puntos, mejorarían las intervenciones de búsqueda y rastreo.

Seguimos exigiendo la aplicación de perspectiva de género en las investigaciones, por eso es esencial mantener y promover políticas públicas orientadas a erradicar y eliminar las desigualdades, discriminaciones, explotación hacia mujeres, niñas, adolescentes y colectivo LGTBIQ+. 

**Argentina** es un país que se ha  adherido  a compromisos a través de  **Tratados Internacionales de Derechos Humanos** **de las Mujeres** . Su cumplimiento es esencial para garantizar una sociedad más justa, equitativa y libre de violencias.


**Desde Ahora Que Sí Nos Ven nos seguimos preguntando qué hace el Estado para encontrarlxs.** 



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Casos como los de Marita Verón, Sofía Herrera, María Cash, Tehuel de la Torre y Luciana Muñoz exponen la ineficiencia estatal en las búsquedas y la falta de perspectiva de género.


Desaparecidxs en democracia: ¿Dónde están? ¿Quién lxs está buscando?

A raíz de los recientes femicidios tan aberrantes que han generado un gran impacto en la opinión pública, es preocupante el grado de desinformación, manipulación e intencionalidad difundida a través de los medios de comunicación y referentes de la política que tienden a crear confusión y discursos que distan de la realidad.
Es importante aclarar que el Estado y la Justicia son poderes independientes, que tienen roles e incumbencias específicas.

En relación a casos de violencia de género, el Estado, mediante los gobiernos, es quien debe planificar e implementar políticas públicas de género, por ejemplo llevar a cabo el diseño de programas de prevención y asistencia a víctimas, la puesta en marcha de políticas que permitan a las mismas salir de las situaciones de violencia, entre otras tareas de gestión. 
Por su parte, la Justicia debe, entre otras cosas, brindar medidas de protección para garantizar la integridad de las víctimas y sus hijes. Entre ellas, la exclusión del hogar del violento, la prohibición de acercamiento y contacto, el otorgamiento del botón antipánico; las cuales están vigentes por el tiempo que determina la Justicia y pueden renovarse, según el grado de riesgo de vida.

En definitiva, la Justicia es quien tiene que procurar la protección de las mujeres y personas LGBTI+ que atraviesan situaciones de violencia por razones de género, al igual que posee la potestad de decidir los años de condena para los femicidas y los violentos. Sin embargo, son muchos los casos en que las víctimas no han sido escuchadas cuando han denunciado, que han sentido vulnerados sus derechos a la hora de pedir ayuda, que han sido subestimadas.

Asimismo, vemos con preocupación la persistencia de estereotipos de género en los procedimientos judiciales, a partir de preconceptos como "la mala víctima", "buena madre", "buena esposa", "mujer fabuladora", que operan en todo el entramado de la Justicia.  Dichos prejuicios, crean y fomentan desigualdades que afectan la acreditación o desestimación del hecho de violencia o la valoración sesgada, cuestionándose, muchas veces, la vida privada de las víctimas y haciéndolas responsables de sus propias muertes.

Es así como, ante el panorama actual de la Justicia nos preguntamos: ¿Dónde está el sistema judicial cuando se encuentran libres los femicidas? ¿Por qué realizan una valoración errónea del riesgo de vida de las mujeres y personas LGBTI? ¿Por qué razón suelen dilatar los tiempos de otorgamiento de las medidas de protección? ¿Por qué la víctimas suelen ser violentadas por la Justicia?

Resulta urgente la necesidad de que se incorpore la perspectiva de género en todo los procesos juidiciales, desde las denuncias hasta el dictado de las sentencias.
Dicha incorporación es un mandato para la efectividad de la equidad establecida en la normativa internacional y nacional en materia de derechos humanos, con el objeto de garantizar el acceso Igualitario a la Justicia y reparar las relaciones asimétricas de poder.

Exigimos una reforma transfeminista de la actual Justicia machista y patriarcal.
Una Justicia que no siga revictimizando, invisibilizando, juzgando a las víctimas y haga lo que el mandato constitucional y las normativas vigentes en materia de género dictan que debe que hacer.

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A raíz de los recientes femicidios tan aberrantes que han generado un gran impacto en la opinión pública, es preocupante el grado de desinformación, manipulación e intencionalidad difundida a través de los medios de comunicación y referentes de la política que tienden a crear confusión y discursos que distan de la realidad.
por eso es  importante aclarar que el Estado y la Justicia son poderes independientes, que tienen roles e incumbencias específicas.

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