El trabajo infantil es una vulneración de derechos que priva a niñas, niños y adolescentes de estudiar, jugar, descansar y desarrollarse plenamente.


A pesar de los avances, en el mundo 138 millones de niñas y niños se encuentran en situación de trabajo infantil y 54 millones realizan trabajos peligrosos que ponen en riesgo su salud, su seguridad y su vida. (Fuente: OIT)


En Argentina, los últimos datos oficiales muestran que 1 de cada 10 niñas y niños de entre 5 y 15 años trabaja, una cifra que se duplica en zonas rurales. Entre adolescentes de 13 a 17 años, el porcentaje asciende al 23%. (Fuente: OIT)


Las desigualdades económicas, la pobreza, la informalidad laboral y la falta de protección social siguen siendo factores que empujan a miles de familias a esta situación. Erradicar el trabajo infantil requiere políticas públicas integrales que garanticen ingresos dignos para los hogares, acceso a la educación y protección de las infancias.


Porque las infancias tienen derecho a aprender, jugar, crecer y soñar.

#DíaMundialContraElTrabajoInfantil #TrabajoInfantil #InfanciasConDerechos

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El trabajo infantil es una vulneración de derechos que priva a niñas, niños y adolescentes de estudiar, jugar, descansar y desarrollarse plenamente.
Las desigualdades económicas, la pobreza, la informalidad laboral y la falta de protección social siguen siendo factores que empujan a miles de familias a esta situación. 
Erradicar el trabajo infantil requiere políticas públicas integrales que garanticen ingresos dignos para los hogares, acceso a la educación y protección de las infancias.

12 de junio | Día Mundial contra el Trabajo Infantil

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La llamada “Ley Cazzu” es un proyecto presentado en el Senado de la Nación por un grupo de abogadas feministas (@abogadasfeministas.amba) y el senador Carlos Linares del PJ. La iniciativa propone suspender la responsabilidad parental de aquellos progenitores que no cumplan con el pago de la cuota alimentaria en tiempo y forma o que ejerzan abandono.


Se busca priorizar el bienestar de niñxs y adolescentes, ya que se permitiría facilitar decisiones y trámites como autorizaciones para viajar al exterior, tratamientos de salud o cuestiones educativas, para quienes efectivamente sostienen las tareas de crianza, evitando trabas burocráticas generadas por quienes no cumplen con sus obligaciones. Tal como es el caso de Cazzu, la cantante de trap, quien hizo pública su situación con su hija Inti y su progenitor, Christian Nodal, y de ahí que este proyecto lleva su nombre. Muchas veces estos obstáculos son generados por los progenitores para ejercer violencia sobre las madres.


En Argentina, casi el 70% de los padres obligados a pagar cuota alimentaria no lo hace en tiempo y forma, según un informe de la oficina de Situación de la Niñez y Adolescencia de UNICEF en 2025. En la mayoría de los hogares monoparentales, la carga económica y de cuidados recae casi exclusivamente sobre las mujeres. Según datos actualizados del INDEC (febrero de 2026), la canasta de crianza supera los $480.000 mensuales y puede alcanzar más de $600.000 según la edad.


En un contexto de precarización laboral, bajos salarios e inflación permanente, muchas madres se ven empobrecidas, endeudadas y con sobrecarga de tareas de cuidado. La falta de cumplimiento de la cuota alimentaria no es un problema individual: es una forma de violencia de género económica que profundiza desigualdades.


Por eso, es fundamental que el Congreso apruebe este proyecto. Garantizar el cumplimiento de las obligaciones parentales no solo es una cuestión de justicia para quienes sostienen la crianza, sino, sobre todo, un derecho de las infancias a tener cubiertas sus necesidades básicas y a crecer en condiciones dignas.

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La llamada “Ley Cazzu” es un proyecto presentado en el Senado de la Nación por un grupo de abogadas feministas (@abogadasfeministas.amba) y el senador Carlos Linares del PJ. 

La iniciativa propone suspender la responsabilidad parental de aquellos progenitores que no cumplan con el pago de la cuota alimentaria en tiempo y forma o que ejerzan abandono.

LEY CAZZU: DEUDORES ALIMENTARIOS QUE NO CUMPLEN, TAMPOCO DECIDEN

El 4 de abril se conmemora el Día Internacional contra la explotación sexual infantil, con el objetivo de visibilizar la problemática y exigir a los estados fortalecer el compromiso prioritario para llevar adelante políticas y acciones de prevención y abordaje integral. 


El abuso sexual de niños, niñas y adolescentes (NNyA) constituye un delito grave que afecta a menores en todo el mundo, perjudica su integridad y vulnera sus derechos fundamentales. La explotación sexual infantil es una forma extrema de violencia sostenida con la connivencia de redes de poder y complicidad. 


En Argentina, miles de niñxs y adolescentes están expuestxs a situaciones de abuso, en un contexto donde 6 de cada 10 viven en la pobreza (INDEC). Esta vulneración de derechos es el resultado de decisiones políticas que no hacen más que profundizar la desigualdad y debilitan la protección estatal hacia las juventudes e infancias.


Desde la asunción de Javier Milei, se recortaron programas sociales, desfinanciaron políticas de niñez, se desjerarquizaron áreas claves y se abandonó la prevención como forma de intervención. Cuando el Estado se retira, las redes de explotación avanzan.


Que podemos hacer: 

- Ante una sospecha de abuso es fundamental realizar la consulta y denuncia correspondiente para que los organismos especializados intervengan en el caso.
- La mayoría de los casos suceden en el ámbito privado y familiar lo que hace más difícil su develamiento.
- Actualmente, también ocurre en entornos digitales: grooming y ciberpedofilia son formas actuales de captación y abuso.
- En Argentina constituye un delito de acción pública, lo que permite que cualquier persona pueda realizar la denuncia. 
- Entre 2017 y 2023, se registraron 15.980 casos de NNyA en situación de violencia sexual seguún datos de la Línea 137 del Programa Víctimas contra la violencias dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación. 
- 

Hablar de explotación sexual infantil es hablar de responsabilidad política. Exigir políticas públicas integrales, presupuesto y presencia real en los territorios en urgente y necesario. 


**Las infancias están en peligro**
El Estado es Responsable


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El 4 de abril se conmemora el Día Internacional contra la explotación sexual infantil, con el objetivo de visibilizar la problemática y exigir a los estados fortalecer el compromiso prioritario para llevar adelante políticas y acciones de prevención y abordaje integral. 

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL

Esta Ley fue impulsada tras el caso de Lucio Dupuy, el niño de 5 años que fue asesinado en La Pampa tras recibir fuertes golpes de parte de su madre y la pareja de ésta.
Tiene como objetivo promover los espacios y las metodologías necesarias para garantizar el derecho a ser escuchados/as de las niñas, niños y adolescentes en todos los procesos administrativos y judiciales.

Establece la capacitación obligatoria en materia de derechos de la infancia y violencias contra niñas, niños y adolescentes para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Incluye el concepto de reserva de identidad, el cual se constituye en una modificación de la legislación que apunta a preservar la autoría de quien denuncia estos actos de violencia y la protección de su integridad.

La unificación de los criterios de actuación (mediante un protocolo de acciones) a nivel nacional y la coordinación de los entes provinciales y estatales involucrados en la problemática, así como la igualdad del acceso del niño, niña y adolescente a la Justicia.

El Estado tendrá que realizar campañas de concientización semestrales en medios de comunicación y redes sociales que ayuden a detectar y prevenir el maltrato y la violencia contra niños, niñas y adolescentes, y dónde denunciarlo. 

Prevé la obligatoriedad de la implementación de la Línea 102 en todo el territorio argentino para la promoción de derechos de las infancias y la atención gratuita.
De acuerdo a datos de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), la línea 102 recibió en un año más de 45.500 llamadas de todo el país, de las cuales unas 20.300 corresponden a situaciones de violencia contra niñas y niños.

Esta ley viene a jerarquizar y poner en agenda pública los derechos de les niñes y adolescentes, la cual ha estado postergada e invisibilizada en nuestro país.
A su vez, es importante que no sólo funcionaries de los poderes del Estado sino también los medios se capaciten al respecto.

Esta ley viene a visibilizar la necesidad urgente y lastimosa de que quienes tienen funciones estatales y mediáticas cumplan su rol y su responsabilidad pública como tienen que cumplir.
Que el Estado, la Justicia, los sistemas de salud, las escuelas no miren para otro lado.

Por infancias y adolescencias libres de violencias y abusos.
Por el respeto a sus derechos humanos.
Cuidemos a nuestres pibes y pibas.


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Impulsada a raíz del asesinato de Lucio Dupuy, esta Ley tiene como objetivo promover los espacios y las metodologías necesarias para garantizar el derecho a ser escuchados/as de las niñas, niños y adolescentes en todos los procesos administrativos y judiciales. 

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