La muerte de Verónica Shadia Altamirano, abogada de 29 años en Pinto, Santiago del Estero, vuelve a sacudir una verdad preocupante: las violencias no terminan cuando una relación se acaba. Muchas veces, ahí recrudecen.

Un mes antes de quitarse la vida, Verónica había denunciado a su expareja por violencia física, psicológica y sexual. También por violencia digital: difusión sin consentimiento de imágenes íntimas y hostigamiento constante. Había amenazas. Había control. Había un vínculo que ella misma definió como “insostenible”.

Según ONU Mujeres, en su estudio “Violencia digital contra las mujeres y las niñas”, el 38% de las mujeres en el mundo sufre experiencias de violencia en línea. Y no afecta a todas por igual: los grupos de mayor riesgo son mujeres que ya atraviesan violencias por parte de sus parejas, jóvenes de entre 18 y 24 años y sobrevivientes de violencia física o sexual. No es casual. La violencia digital es una extensión de las violencias machistas, adaptada a nuevas herramientas.

Hay algo que se repite: la violencia digital aumenta en el momento de la separación. Cuando una mujer decide irse, cuando intenta cortar el vínculo, cuando busca recuperar autonomía. Ahí aparecen la exposición, la humillación y la amenaza de “arruinarle la vida” con algo tan íntimo como su propio cuerpo.

En 2023 se sancionó en nuestro país la Ley Olimpia, que incorpora la violencia digital a las modalidades de violencia de género reconocidas en la Ley 26.485. Esta norma establece la obligación del Estado de prevenir, sancionar y reparar estas violencias mediante políticas públicas específicas.

Sin embargo, en el contexto actual de Argentina, marcado por el cierre del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el desmantelamiento de programas y políticas nacionales, estas herramientas pierden capacidad de implementación real. Cuando el Estado se retira, las violencias no desaparecen: se profundizan.

La violencia digital no es “virtual”. Es real. Tiene consecuencias concretas: aísla, expone, destruye redes, profundiza el daño psicológico y puede ser letal.

Y no es sólo responsabilidad de quien filtra. También interpela a quienes reciben, miran, comparten y callan. Cada reenvío es parte del problema.

La intimidad no se viraliza. La violencia no se comparte.

Exigimos la implementación efectiva de políticas públicas que atiendan esta problemática.

Justicia para Verónica.