La salud mental en Argentina es un derecho, pero está lejos de garantizarse. Y para quienes atraviesan violencia de género, esa distancia es aún más profunda.

Las secuelas no siempre se ven: ansiedad, depresión, estrés postraumático, dificultades para sostener la vida cotidiana o tomar decisiones pueden ser algunas de las consecuencias de sufrir violencia de género. Sin embargo, acceder a atención en salud mental es cada vez más difícil: faltan turnos, equipos especializados y dispositivos gratuitos con perspectiva de género.

Sin acompañamiento, muchas víctimas quedan solas frente a las secuelas. Esto impacta en sus posibilidades de salir de vínculos violentos, hacer o sostener una denuncia o reconstruir su autonomía.

**No es un problema individual: es una responsabilidad del Estado. **Cuando la atención depende del dinero o del lugar donde vivís, lo que crece es la desigualdad. En Argentina, 1 de cada 2 mujeres sufrió violencia por parte de una pareja alguna vez según un informe del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad Nación y Spotlight (2023). Dicho estudio también indica que el 82,3% de las víctimas sufrió violencia psicológica, seguida por la económica en un 36,6%.

La violencia también empobrece: muchas sostienen solas la vida cotidiana y se endeudan para sobrevivir.

En Argentina, casi 9 de cada 10 hogares “monoparentales” son sostenidos por una mujer. De ese universo, apenas un tercio recibe algún aporte económico del progenitor de lxs hijxs, según el estudio de Fundación SES y la organización “Las que cuentan” (2025).

En este contexto, las propuestas de reforma a la Ley de Salud Mental impulsadas por el gobierno de Javier Milei generan preocupación desde una perspectiva de género, clase y derechos humanos. Diversos sectores advierten que flexibilizar las internaciones involuntarias y debilitar el enfoque comunitario puede afectar especialmente a mujeres y personas LGBTI+, que ya enfrentan mayores barreras de acceso al sistema de salud.

Desde una perspectiva de derechos humanos, el riesgo es retroceder hacia modelos más institucionalizantes, donde la respuesta frente al padecimiento sea el encierro antes que el acompañamiento integral. Esto resulta particularmente problemático en situaciones de violencia de género, donde muchas veces el sufrimiento psíquico está directamente ligado a contextos de violencia estructural y desigualdad, y no puede abordarse de manera aislada o exclusivamente clínica.

Desde una perspectiva de clase, la preocupación radica en que el debilitamiento de la red pública y comunitaria profundice la segmentación del acceso: quienes puedan pagar tendrán opciones, mientras que las mujeres más pobres —que son también quienes enfrentan mayores obstáculos frente al acceso a recursos y acompañamiento— quedarán más expuestas a la falta de atención o a intervenciones coercitivas.

Además, especialistas señalan que sin políticas públicas activas y con enfoque de género, existe el riesgo de patologizar respuestas que son, en realidad, consecuencia de violencias sostenidas. Es decir, tratar como trastorno individual lo que es producto de desigualdades estructurales.

El cierre del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el avance en el desmantelamiento de políticas públicas de género por parte del gobierno nacional profundizan este escenario, debilitando redes y dispositivos de acompañamiento en todo el país.

Exigimos la implementación de la Ley de Salud Mental vigente y políticas públicas que cuiden, reparen y prevengan la violencia de género. La salud mental no puede ser un privilegio. Es un DERECHO.