
El 22 de agosto, Cintia Díaz Orellana, de 20 años y madre de un niño de 4 años, fue brutalmente atacada por su pareja a la salida de un boliche bailable en San José de Metán. Por las lesiones sufridas permaneció internada en grave estado y murió el 23 de agosto en el Hospital San Bernardo de Salta. Por el femicidio está detenido e imputado su pareja, Gastón Ramírez, de 26 años.
No fue un “crimen pasional”. No fue un problema del ámbito privado. Fue un femicidio: la expresión más extrema de la violencia de género. Y no es un caso aislado.
Desde nuestro Observatorio registramos en Salta al menos 21 casos de violencia de género letal o grave en lo que va del año: 10 víctimas fatales y 11 intentos de femicidio. Entre las víctimas fatales, 9 fueron femicidios directos y 1 femicidio vinculado.
Estos hechos ocurren en un contexto de recrudecimiento de las violencias por motivos de género y creciente desprotección estatal.
El gobierno de Javier Milei desmanteló políticas públicas destinadas a prevenir y abordar las violencias de género, redujo recursos de una problemática que requiere políticas sostenidas, presupuesto y presencia estatal.
Cuando el Estado abandona la prevención, la asistencia y la protección, las consecuencias son concretas. Tienen nombres, historias y vidas que ya no están. Cintia es una de ellas.
Exigimos justicia por Cintia y políticas públicas integrales, sostenidas y con recursos para prevenir y erradicar las violencias por motivos de género.
Porque detrás de cada número hay vidas que ya no están, familias destruidas e infancias huéfanas.
Volvemos a gritar Ni Una Menos!