El avance en el Senado de un proyecto de ley impulsado por la senadora Carolina Losada (UCR) que propone endurecer las penas por “falsas denuncias”, vuelve a poner en discusión un punto clave: ¿sobre qué problemas se construyen las políticas públicas?

Las denuncias falsas no constituyen un fenómeno extendido en nuestro país, y así mismo están penadas en el art. 245 del Código Penal. Por el contrario, son situaciones excepcionales dentro de un sistema en el que la gran mayoría de las violencias ni siquiera llegan a denunciarse. Según la encuesta de prevalencia de la violencia contra las mujeres realizada por Spotlight en 2023, sólo el 21% de las mujeres que experimentaron violencia doméstica a lo largo de su vida realizó la denuncia, y según la ONU sólo el 1% de las denuncias por violencia de género en latinoamérica son infundadas.

En ese contexto, impulsar una reforma penal de este tipo no sólo resulta desproporcionada e innecesaria sino también riesgosa.

El principal problema hoy no es el exceso de denuncias, sino la escasez de las mismas y la falta de acceso a la justicia. Muchas víctimas no cuentan con patrocinio jurídico gratuito, enfrentan obstáculos institucionales, desconfianza en el sistema y múltiples formas de revictimización. Denunciar implica, en muchos casos, exponerse, volver a narrar el daño y atravesar procesos largos y desgastantes.

Los datos son contundentes: en casos de femicidios e intentos de femicidios, más del 80% de las víctimas NO había denunciado previamente a su agresor.

Esto evidencia que el problema no es el abuso del sistema, sino su subutilización por miedo, falta de recursos o desprotección. Según nuestro relevamiento entre el 1/1 y el 29/3 de este año hubo 57 femicidios directos: sólo 12 mujeres habían realizado la denuncia y 7 contaban con medidas de protección, así mismo la justicia no les garantizó la protección y fueron asesinadas por sus agresores.

En este escenario, endurecer las penas por denuncias falsas tiene un efecto preocupante: desalentar aún más a quienes sí necesitan denunciar. El temor a no ser creídas, a enfrentar consecuencias penales puede convertirse en una barrera adicional.

Lejos de fortalecer el acceso a la justicia, este tipo de iniciativas buscan reforzar el silencio, aumentar la desprotección institucional, profundizar la desigualdad en el acceso a derechos y brindar impunidad a los agresores.

Las políticas públicas deben estar orientadas a remover obstáculos, no a crear nuevos.

Hablar de “falsas denuncias” sin dimensionar su carácter excepcional desvía el foco del problema central: garantizar que las víctimas puedan denunciar en condiciones de seguridad, acompañamiento y confianza.

Ésta no es una iniciativa casual, se alinea a la política nacional contra las mujeres y feminismos que viene ejecutando el presidente Milei desde su asunción al gobierno nacional.