A 8 años de la Ley Brisa: reparar también es una obligación del Estado

Cada femicidio deja una trama de víctimas invisibilizadas: lxs niñxs y adolescentes que sobreviven a la violencia machista. Entre el 3 de junio de 2015 y el 24 de mayo de 2026, al menos 2714 niñxs y adolescentes perdieron a sus madres como consecuencia de femicidios en nuestro país. Muchxs de ellxs presenciaron la violencia extrema ejercida contra ellas y continúan atravesando las consecuencias de esa violencia.

El 4 de julio de 2018 se sancionó la Ley 27.452, conocida como Ley Brisa, una conquista impulsada por familiares y organizaciones feministas. La norma lleva el nombre de Brisa, hija de Daiana Barrionuevo, asesinada en 2014 por su expareja, Iván Adalberto Rodríguez, condenado a prisión perpetua por el femicidio. La misma reconoce el derecho de niñxs y adolescentes (hasta los 21 años y sin límite de edad en casos de discapacidad) a recibir una reparación económica y cobertura integral de salud cuando sus madres fueron víctimas de femicidios.

A 8 años de su sanción, ese derecho sigue sin estar garantizado. Las barreras burocráticas, las demoras judiciales y la falta de perspectiva de género continúan obstaculizando el acceso a la reparación. Una ley por sí sola no alcanza: su implementación requiere un Estado presente, con recursos suficientes, organismos fortalecidos y políticas públicas sostenidas que permitan el acceso efectivo a los derechos.

En un contexto de desmantelamiento de las políticas públicas de género y de corrimiento del Estado de su responsabilidad de prevenir, asistir y reparar las violencias, se profundizan las dificultades para acceder a esta reparación y se debilitan las respuestas hacia quienes sobreviven a estos hechos.

Lxs niñxs y adolescentes son víctimas de las consecuencias de la violencia de género. Esta normativa constituye un derecho y una obligación indelegable del Estado.

Exigimos la plena implementación de la Ley Brisa. Reparar también es hacer justicia, reconocer a las víctimas y asumir la responsabilidad estatal frente a las formas más extremas de la violencia de género.