16 AÑOS DE LA LEY DE MATRIMONIO IGUALITARIO

Hoy, 15 de julio, se cumplen 16 años de la aprobación de la Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario, una conquista histórica del movimiento LGBTIQ+, del feminismo y de los organismos de derechos humanos que convirtió a la Argentina en el primer país de América Latina en reconocer el derecho al matrimonio entre personas del mismo género. Una vez más, nuestro país fue pionero en la ampliación de derechos.

La sanción de esta ley significó mucho más que el reconocimiento de un vínculo civil. Garantizó el acceso igualitario a derechos como la filiación, la adopción, la responsabilidad parental, los derechos sucesorios, la cobertura de salud, las pensiones y el reconocimiento jurídico de miles de familias que durante décadas fueron invisibilizadas y discriminadas por el Estado.

Nada de esto fue una concesión. La ley fue el resultado de años de organización, militancia y lucha colectiva. Fue la fuerza de un movimiento que enfrentó campañas de desinformación, discursos de odio y la oposición de sectores políticos y religiosos conservadores para conquistar un derecho que amplió la democracia para toda la sociedad.

A 16 años de aquella conquista, atravesamos un contexto de profundos retrocesos. El gobierno de Javier Milei impulsa discursos y políticas que atacan la agenda de género y diversidad, desfinancia políticas públicas fundamentales y legitima expresiones de odio desde el propio Estado. A esto se suma la ofensiva de sectores políticos y mediáticos que buscan instalar la idea de que los derechos conquistados son privilegios o pueden ponerse en discusión.

Por eso, hoy más que nunca, defender el matrimonio igualitario es defender la democracia y los derechos humanos. Es sostener el principio de igualdad ante la ley y el derecho de todas las personas a amar, formar una familia y vivir con libertad, sin discriminación y con plena ciudadanía.

Los derechos humanos no son una “agenda”. No dependen de encuestas, consultoras ni de mayorías circunstanciales. Son conquistas colectivas que el Estado tiene la obligación de garantizar y proteger.

Frente al avance de los discursos de odio, respondemos con más igualdad, más democracia y más derechos. Porque los derechos conquistados no se negocian: se defienden.